Los socios de Sánchez usan la Ley de Memoria para pedir quitar al Rey y revisar las amnistías

Ha sido ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP y el BNG quienes han  registrado seis enmiendas parciales a la Ley de Memoria Democrática, que se tramita en el Congreso y que sustituirá y ampliará la Ley de memoria histórica vigente desde 2007.

Estas formaciones separatistas socias del Gobierno de Pedro Sánchez  abogan por la supresión del título de Rey de España «así como todos los privilegios y prerrogativas personales y familiares que del mismo se derivan»: para ello, justifica su enmienda citando un artículo de la propia Ley de Memoria.

Estiman en su enmienda a la ley de Memoria que sus argumentos republicanos contra la figura del Rey están plenamente justificados, puesto que la norma plantea la revisión o directamente la retirada de reconocimientos, honores y distinciones «que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la  sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista».

Don Juan Carlos y la dictadura de Franco

Según argumentan en su enmienda, recogida por EP, la actual Monarquía «tiene su origen» en la dictadura franquista y Juan Carlos I exaltó la Guerra Civil y la dictadura al jurar lealtad al Caudillo y a los principios del Movimiento Nacional cuando fue nombrado Príncipe de España y su sucesor en la Jefatura del Estado en 1969.

Asimismo, aducen que nunca se ha permitido que «la ciudadanía votase de forma efectiva por la forma de Estado preferida», puesto que en el referéndum sobre la Constitución de 1978 se votó a la vez sobre «la forma del Estado, su jefatura y el sistema constitucional».

«Cabe decir, pues, que este hecho histórico es más bien poco
compatible con los principios de un sistema democrático como el que se decía querer implantar. En este sentido, debería revisarse su fundamento», señalan estas formaciones que, no obstante, podrían toparse con el veto de la Mesa del Congreso por proponer una revisión constitucional a través de una enmienda parcial a una ley.

Ley de Amnistía

Los citados partidos independentistas aprovechan también la ley de memoria para pedir la derogación de parte de la Ley de Amnistía de 1977, modificarla y añadir un nuevo párrafo en el Código Penal con el objetivo de que se pueda juzgar a los responsables de «genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos de guerra u otras graves violaciones de los Derechos Humanos» durante la contienda civil o el franquismo.

Otra de las enmiendas fija un plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley para que la Prefectura Superior de Policía de Cataluña, sita en Vía Laitana 43, de Barcelona, sea devuelta a la Generalitat «con la debida dotación presupuestaria para su museización y transformación en un centro de memoria democrática».

También, establece un plazo de seis meses para que se facilite a la Generalitat copia de todos los atestados pertenecientes a esta sede policial, fechados entre 1938 y 1986, que se encuentren en el Archivo Histórico de la Policía o el Archivo Histórico Nacional

La cesión de las dependencias del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián es otra de las reclamaciones de estos partidos. En concreto, quieren que este enclave, que fue sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias de Franco en la ciudad, residencia del gobernador civil de Guipúzcoa y lugar de tortura de los etarras Lasa y Zabala, sea cedido en un plazo de un año y con sus muebles, ajuar y documentos intactos.

Persecución cultural franquista

Además, los partidos independentistas piden incluir una disposición adicional en la nueva ley que para que se reconozca, se estudie y se divulgue «la política de persecución y represión contra las lenguas y culturas aragonesa, asturiana, catalana, gallega, occitana y vasca» perpetrada por el franquismo».

Estas formaciones también son partidarias de que es establezcan mecanismos para la devolución de los ateneos, asociaciones culturales y otras entidades a sus legítimos dueños de manera que se reconozca y reparen el expolio al que fueron sometidos por el franquismo.